AGENDA AMBIENTAL SUDAMERICANA

los dias 8 al 11 de julio del 2025 en la Ciudad De Santiago de Chile se reunio la coordinadora sudamericana de la Internacional de Servicios públicos.

en el area de ambiente, los cuatro paises participantes acordaron la siguiente declaración., 

 TRANSICIÓN ECOLÓGICA, JUSTICIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: UNA AGENDA SINDICAL DESDE EL SUR

 I. Introducción

América Latina se encuentra en el centro de múltiples crisis convergentes: crisis climática, crisis social, crisis de desigualdad, y crisis de legitimidad institucional. Frente a este panorama, las organizaciones sindicales del sector público y ambiental han comenzado a construir una narrativa y una agenda común que articule el derecho a un ambiente sano con el derecho al trabajo decente, impulsando una transición ecológica justa.

Desde esta perspectiva, el Comité de Ambiente plantea una plataforma de diálogo, formación y acción estratégica que incorpore los marcos normativos internacionales —como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú— y recupere el papel transformador de los trabajadores y sus organizaciones en la defensa de los bienes comunes, la salud pública y los derechos humanos.

II. Contexto y marcos normativos

El Acuerdo de París (2015) establece un marco internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reconociendo la necesidad de una “transición justa de la fuerza de trabajo y la creación de trabajo decente” como parte de su preámbulo. Este compromiso, asumido por la mayoría de los países latinoamericanos, implica obligaciones concretas en términos de planificación climática, financiamiento, adaptación y participación social.

El Acuerdo de Escazú, en vigor desde 2021, refuerza los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, con especial atención a la protección de los defensores ambientales. Este tratado reconoce que el ambiente sano es condición habilitante para el ejercicio de todos los derechos humanos, y que los actores sociales deben ser partícipes de la toma de decisiones ambientales.

Ambos instrumentos imponen obligaciones diferenciadas pero comunes, y llaman a transformar los modelos de desarrollo basados en la extracción, la desigualdad y la precariedad. A su vez, estos marcos se vinculan con los compromisos de los Estados en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente los ODS 8 (trabajo decente), 13 (acción por el clima), 16 (instituciones sólidas) y 17 (alianzas).

III. Transición justa y trabajo decente

La transición ecológica no es un proceso meramente tecnológico, sino una reestructuración profunda del aparato productivo, de las políticas públicas y de los modos de vida. En este proceso, es fundamental garantizar que no se reproduzcan ni profundicen las desigualdades existentes. La transición justa es el nombre que recibe esta doble exigencia: hacer frente a la crisis ecológica sin sacrificar los derechos de las y los trabajadores.

Esto implica, entre otros elementos:

• Planificación participativa e intersectorial

• Protección social y fortalecimiento de los servicios públicos

• Reconversión productiva con diálogo social

• Formación profesional y alfabetización ecológica

• Financiamiento adecuado, progresivo y con justicia fiscal

El movimiento sindical está llamado a ser protagonista en este proceso, no como actor pasivo ni como víctima, sino como sujeto político con capacidad de propuesta, de incidencia y de organización colectiva. Las organizaciones sindicales deben ser reconocidas como actores estratégicos de la transición ecológica.

IV. Desafíos actuales

En América Latina, persisten obstáculos estructurales para una transición justa:

• Alta informalidad laboral y precarización ambiental del trabajo

• Debilidad de las capacidades institucionales ambientales

• Criminalización de defensores ambientales y sindicales

• Concentración empresarial y mercantilización de los bienes comunes

• Endeudamiento externo y presiones del extractivismo financiero

Estos desafíos requieren respuestas articuladas desde lo local, nacional y regional. La defensa del ambiente no puede ser separada de la defensa del trabajo, la salud pública y la democracia.

V. Propuesta de líneas de acción sindical

Desde el Comité de Ambiente se propone avanzar en las siguientes líneas estratégicas:

1. Reconocimiento del ambiente como bien común y del acceso al agua y a la energía como derechos habilitantes, tal como lo señala la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Incorporación de la transición justa en toda instancia de diálogo social, en la negociación colectiva en todos sus niveles, en los convenios sectoriales y en las propuestas normativas, con perspectiva de género, intergeneracional y territorial.

3. Protección de defensores y defensoras ambientales y sindicales, reclamando garantías legales, medidas cautelares y protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo.

4. Capacitación sindical en temas de clima, biodiversidad, impacto del cambio climático (incluyendo emergencias por desastres naturales)  y transición, con módulos adaptados a la realidad de cada sector y territorio.

5. Participación activa en los espacios

de gobernanza ambiental, como los comités nacionales de cambio climático, las mesas de diálogo ambiental y las estrategias nacionales de desarrollo sostenible.

6. Construcción de alianzas estratégicas con organizaciones sociales, científicas y comunitarias, promoviendo plataformas intersectoriales que incidan en las políticas públicas.

7. Seguimiento y control sindical de las políticas climáticas y ambientales, con propuestas propias y mecanismos de monitoreo desde el mundo del trabajo.

8. Promoción del empleo verde y decente, basado en los servicios públicos, la economía social y solidaria, y las soluciones basadas en la naturaleza.

VI. Conclusión.

La lucha contra la crisis climática no es solo una cuestión técnica o ambiental: es una lucha por los derechos, por la justicia social, y por la vida digna en el presente y en el futuro. Desde el Comité de Ambiente convocamos a todas las organizaciones del mundo del trabajo a asumir esta agenda como propia, a construir poder social en clave ecológica, y a ocupar los espacios donde hoy se decide el futuro de nuestros pueblos y territorios.